El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán con ataques en varias ciudades. Miles de personas en Teherán, Qom, Tabriz o Minab, entre otras ciudades iraníes, despertaron bajo los bombardeos estadounidenses e israelíes. La ofensiva, llamada "Operación Furia Épica", según Washington, y "Rugido del León", según Tel Aviv, tenía como objetivo, a tenor de los atacantes, “eliminar amenazas inminentes del régimen iraní”. La respuesta de Irán no se hizo esperar; cientos de misiles fueron lanzados contra Israel y bases estadounidenses en toda la región del Golfo, incluidos EmiratosÁrabesUnidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán y Arabia Saudí.
Poco después empezaron a llegar las primeras imágenes de los ataques. Y cómo no, las víctimas son las de siempre: la población civil. Hasta la fecha, en Irán son ya más de 800 personas las fallecidas. Según las autoridades iraníes, al menos 165 personas, entre ellas alrededor de 150 escolares, murieron tras ser alcanzada una escuela en la ciudad meridional de Minab, en la provincia de Hormozgán. Según informes de prensa y declaraciones gubernamentales, algunos de los ataques de Irán, incluidos los causados por la caída de restos de misiles o drones interceptados, han provocado muertes y lesiones o daños a infraestructuras civiles. Según las autoridades de Abu Dabi, un dron iraní que tenía como objetivo el Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) fue interceptado, lo que provocó la caída de restos que causaron la muerte de una persona y heridas a otras siete. En Israel han muerto al menos 10 personas y decenas han resultado heridas como consecuencia de los ataques iraníes. En Beit Shemesh se cuentan nueve personas fallecidas y más de 20 heridas tras el impacto de un misil balístico iraní, y en el área de Tel Aviv, una mujer fallecida a causa de la caída de metralla.
Columnas de humo se elevan sobre Teherán tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, marzo de 2026. © Akasbashi/SIPA
El 1 de marzo, medios de comunicación estatales iraníes confirmaron la muerte del líder supremo Ali Jamenei horas después de que fuentes israelíes y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaran su muerte. Al mismo tiempo, el secretario de estado norteamericano, Marco Rubio anunciaba que “lo peor está por venir”. Netanyahu ha dicho que la operación durará “lo que haga falta” y en Líbano, Hezbolá ha lanzado ataques con cohetes contra el norte de Israel; en respuesta, el ejército israelí ha lanzado varios ataques contra Hezbolá en el sur de Líbano, además de “avisar urgentemente” a los 250.000 residentes del sur de este país para que se desplacen al norte.
Hasta ahora, las operaciones militares han afectado a Irán, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Líbano, Bahréin, Irak, Kuwait, Qatar, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La amenaza de un conflicto internacional prolongado es una realidad. Ante esta situación, la integridad del multilateralismo y el orden jurídico internacional esta en riesgo. Todos estos actos ilegales no solo ponen en peligro a la población civil en múltiples países, sino que también contribuyen a debilitar aún más una serie de normas globales que son esenciales para la protección de los derechos humanos y para la paz y la seguridad internacionales.
¿Son legales los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán según el derecho internacional humanitario?
Funeral masivo en Teherán por el alumnado y el personal docente muertos en el ataque de Estados Unidos e Israel contra una escuela de Minab, en la provincia de Hormozgán. © CHINE NOUVELLE/SIPA
Ahora mismo la prioridad, para todas las partes, debe ser la protección de la población civil y documentar toda prueba de que se está violando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, independientemente de los autores. En el caso de Estados Unidos e Israel, son muy preocupantes las noticias sobre ataques llevados a cabo sobre población civil como, por ejemplo, la muerte de más de 150 escolares y varios docentes en el ataque que alcanzó una escuela de educación primaria de la ciudad meridional de Minab, en la provincia de Hormozgán.
Los ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados que no distinguen entre personas y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por otro, están terminantemente prohibidos por el derecho internacional humanitario. Los ataques aéreos que afectan a escuelas, instalaciones médicas o edificios residenciales, así como el lanzamiento de misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos en una amplia superficie en zonas densamente pobladas, suscitan graves motivos de preocupación y pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.
¿Cuáles son las preocupaciones sobre la situación dentro de Irán?
Protestas en Teherán en enero de 2026, en medio de una grave crisis económica y crecientes demandas de cambio político. © Getty Images
Si nos remitimos a las recientes protestas en Irán, que dejaron miles de víctimas, es fácil suponer que en este momento las autoridades iraníes puedan seguir el mismo patrón. Es decir, mantener un apagón total de Internet, el despliegue de patrullas de seguridad fuertemente armadas, la imposición de toques de queda nocturnos e impedir cualquier tipo de reunión. En el pasado, las fuerzas de seguridad también han arrestado a miles de manifestantes y disidentes, y sometido a las personas detenidas a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual. Hasta días antes de los ataques de Estados Unidos e Israel, las autoridades seguían hostigando e intimidando sin descanso y cruelmente a las familias que lloraban la muerte violenta de sus seres queridos en las protestas.
Además de la preocupación por la sociedad civil, la seguridad de las personas encarceladas en Irán también está en un riesgo elevado. Han aparecido informaciones según las cuales las personas recluidas en la prisión de Evin de Teherán –la prisión más conocida del país para encarcelar a personas por motivos políticos, como defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas– están aisladas del mundo exterior y no tienen acceso a productos esenciales como comida, agua y atención médica tras la retirada de la administración de la prisión.
A pesar de que las autoridades iraníes cerraron el acceso a internet, existen informes que documentan la detención de personas que filmaban con sus teléfono lugares de ataque en Teherán. Sin duda, el cierre de internet impide que millones de personas tengan acceso a información esencial sobre las hostilidades armadas y puedan comunicarse con sus seres queridos dentro y fuera del país, además de dificultar el flujo de información sobre violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto no hace sino aumentar la preocupación porque las autoridades iraníes, siguiendo patrones de conducta bien documentados, intensifiquen su represión de cualquier forma de disidencia incluso con el uso de la pena de muerte.
Ante esta complicada situación, las autoridades iraníes deberían poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad de todas las demás personas privadas de libertad, incluida su excarcelación temporal por motivos humanitarios.
¿Cuál era el historial de Ali Jamenei en materia de derechos humanos? ¿No merecía ser derrocado?
Columnas de humo se elevan sobre Teherán tras varias explosiones registradas el 1 de marzo de 2026, en el contexto de los ataques y contraataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. © Middle East Images/AFP via Getty
Como líder supremo desde 1989 hasta su muerte, Ali Jamenei ejerció la máxima autoridad sobre todos y cada uno de los elementos de la arquitectura política y de seguridad de la República Islámica de Irán. Como comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica y sus batallones del Basij, tenía el control de las instituciones responsables de décadas de represión.
Bajo el largo mandato de Jamenei la comisión reiterada de crímenes previstos en el derecho internacional y de otras violaciones graves de derechos humanos ha sido una constante, agravada por un clima de impunidad arraigada y sistémica, como homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y detenciones arbitrarias a escala masiva. Entre la larga serie de violaciones cometidas bajo su liderazgo figuran ejecuciones arbitrarias, homicidios ilícitos, torturas y desapariciones forzadas generalizadas y sistémicas, y la persecución de mujeres y niñas, minorías religiosas y étnicas, y personas LGBTIQ+.
Antes de las masacres sin precedentes de manifestantes cometidas el pasado mes de enero, calificó a quienes protestaban de “alborotadores” y dijo que había que “ponerlos en su sitio”. Usó sistemáticamente una retórica similar para justificar y fomentar los homicidios ilícitos y otras atrocidades en sucesivas rondas de protestas en el ámbito nacional.
No es función de una organización de derechos humanos opinar sobre si Jamenei merecía o no ser derrocado y mucho menos acerca de su muerte. Lo que está claro, en virtud del derecho penal internacional, es que los superiores son responsables penales de los crímenes que cometan los subordinados bajo su control, siempre y cuando conociesen la comisión de dichos actos y no hubieran tomado las medidas necesarias y razonables para impedirlos y castigar al perpetrador. Bajo esta premisa, es evidente que Ali Jamenei debería haber respondido ante las autoridades de sus actos.
¿Es legítimo apoyar acciones militares para debilitar o eliminar una institución con un legado letal de atrocidades contra los derechos humanos? ¿No es esto algo positivo para los derechos humanos en Irán?
Irán tiene un largo historial de críticas constantes y abiertas del terrible historial de sus autoridades en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, las intervenciones militares suelen ir acompañadas de nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con un impacto devastador sobre la población civil.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el foco no debe situarse en legitimar o celebrar cambios de régimen por la vía militar, sino en evaluar las consecuencias de esas intervenciones sobre las personas y en exigir que todos los actores respeten las normas internacionales. En lugar de confiar en la fuerza armada como vía de “solución”, el esfuerzo debe orientarse a documentar los crímenes, activar mecanismos de justicia internacional y apoyar procesos que garanticen verdad, reparación y rendición de cuentas para quienes hayan cometido violaciones en Irán, con independencia de su cargo o afiliación.
Donald Trump ha hablado de ofrecer ‘inmunidad’ a miembros de las fuerzas de seguridad iraníes si deponían las armas. ¿Qué implicaciones tiene eso desde la perspectiva de los derechos humanos?
En cuanto a una posible inmunidad a cambio de deponer las armas, nuestra posición es clara: las violaciones de derechos humanos no caducan, y por tanto, no son intercambiables. Los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en Irán deben ser investigados y enjuiciados. No debe haber refugios seguros para ningún funcionario responsable de cometer crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas y violaciones. Es la mejor manera de romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad en Irán, y de garantizar la no repetición de dichos crímenes que llevan décadas afectando al país.
Algunos miembros del Congreso han afirmado que Trump ordenó los ataques sin aprobación previa. ¿Por qué es importante el respeto al Estado de derecho para la protección de los derechos humanos en este contexto?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación en un mensaje difundido en redes sociales sobre los ataques contra Irán. © picture alliance / Consolidated News Photos | @realDonaldTrump via CNP
El Estado de derecho es esencial para garantizar el respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario. En el caso de Estados Unidos, no sería la primera vez que la administración Trump pasa por encima del Estado de derecho, incluso llevando a cabo acciones militares sin la aprobación del Congreso. Ahora, el Congreso debería exigir su papel de supervisión, previsto en la Constitución de los Estados Unidos, con el fin de garantizar la protección de la población civil y defender los derechos humanos para todas las personas. Con independencia de los debates internos sobre competencias y autorizaciones, la valoración sobre la legalidad de estas acciones y sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario se basa en las normas internacionales, no en decisiones políticas internas.
¿Pueden los Estados europeos o de la OTAN ser responsables de violaciones si permiten usar sus bases para ataques ilegales?
Como siempre, hay que buscar la respuesta en el derecho internacional. Según este, los Estados no deben ayudar ni colaborar a sabiendas en violaciones del derecho internacional y tienen la obligación de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra. Aunque algunos terceros Estados tienen acuerdos bilaterales o multilaterales con Estados Unidos para alojar o apoyar actividades militares estadounidenses, estos acuerdos no eximen a esos Estados de su responsabilidad respecto de cualquier operación ilícita que se lleve a cabo desde su territorio según el derecho internacional.
¿Qué pasa con Israel? ¿Y con Gaza y Cisjordania? ¿Cuál es el impacto de los ataques sobre Irán en esta población?
Manifestación en Londres convocada por Stop the War Coalition contra los ataques preventivos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. © picture alliance / Photoshot
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con el lanzamiento de oleadas de misiles contra todo Israel y el Territorio Palestino Ocupado, en su mayoría interceptados por los sistemas de defensa israelíes. Es difícil documentar este impacto, fundamentalmente porque la censura israelí limita estrictamente el acceso a las zonas afectadas por los ataques y está prohibido difundir información sobre éstos. Según información de varios medios de comunicación israelíes, varias personas han muerto o resultado heridas como consecuencia de los ataques y han resultado dañadas estructuras civiles
Si nos trasladamos al Territorio Palestino Ocupado, los ataques de Irán representa un riesgo desproporcionado para la población palestina debido al sistema israelí de apartheid impuesto a dicha población. ¿Por qué? Porque no tienen acceso igualitario y adecuado a refugios, infraestructuras de protección o avisos. La población palestina que vive en lo que Israel considera “pueblos no reconocidos” en el sur de Israel, no disponen de estos medios, que son limitados en las ciudades y pueblos palestinos.
En Cisjordania, el ejército israelí ha incrementado las ya estrictas restricciones a la circulación en todo el territorio, con medidas como el cierre de puertas en torno a pueblos palestinos y de la mayoría de los puntos de acceso a las principales ciudades palestinas de Ramala, Jericó, Belén y Hebrón. Estos cierres han afectado gravemente a la vida cotidiana de miles de personas, que se ven obligadas a dar rodeos difíciles y sumamente largos. Una consecuencia directa: las ambulancias apenas son capaces de trasladar a pacientes. Por si esto fuera poco, los ataques de colonos, con el respaldo del Estado, han aumentado. Además, durante este Ramadán se ha impedido la entrada en Jerusalén a la población palestina del resto de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Por su parte, en la Franja de Gaza se ha impuesto un asedio total, algo que intensifica el cruel bloqueo ya existente. Se ha llegado a cerrar el paso fronterizo de Rafá, que se había reabierto parcialmente a principios de febrero tras 11 meses de cierre. Este cierre ha provocado que se disparen los precios de productos esenciales, incluidos los alimentos. La población palestina de Gaza, que en su mayoría sigue internamente desplazada y carece de acceso a un refugio adecuado, ya padece una grave escasez de comida y medicinas. El asedio en curso so pretexto de la guerra amenaza con obligar a las cocinas comunitarias y organizaciones benéficas que entregan comida a suspender su reparto de alimentos. Decenas de miles de personas palestinas de Gaza dependen de estas cocinas comunitarias para comer caliente, especialmente durante el Ramadán.
¿Qué deben hacer los Estados?
Los Estados tienen obligaciones muy claras en este contexto.
- En primer lugar, deben detener inmediatamente los ataques ilegales y adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población civil, incluidos el cese de ataques indiscriminados, la elección de medios y métodos de combate que minimicen el daño y la garantía de acceso seguro a ayuda humanitaria.
- En segundo lugar, deben cooperar con investigaciones independientes e imparciales sobre posibles crímenes de guerra y otras violaciones graves, incluidas las cometidas por sus propias fuerzas y por actores que apoyen, y garantizar que quienes ordenan o ejecutan estos crímenes rinden cuentas.
- En tercer lugar, deben suspender la transferencia de armas y apoyo militar cuando exista un riesgo sustancial de que se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional y utilizar su influencia diplomática para exigir desescalada, respeto del derecho internacional humanitario y levantamiento de medidas que constituyan castigo colectivo, como asedios totales.