Prohibir de forma explícita, por ley, el uso de perfiles raciales, recogiendo una definición clara que la señale como práctica racista, implementar el uso de formularios en las actividades de parada e identificación, así como establecer vías efectivas de denuncia son medidas que las organizaciones por los derechos fundamentales llevan años solicitando para poner fin a unas actuaciones policiales con enormes consecuencias en la sociedad. Así lo ha vuelto a señalar un informe reciente de Amnistía Internacional sobre gestión migratoria y otro de Rights International Spain junto a IRIDIA-Centre Dels Drets Humans sobre racismo policial.
Atravesar la estación de Atocha ya sea para ir a trabajar o cualquier otro destino puede parecer un mero trámite cotidiano, pero no lo es. Las adversidades que se presentan pueden llegar a ser insalvables o, en el mejor de los casos, humillantes. No solo por los retrasos y las aglomeraciones de personas que pueden darse en hora punta, más bien esto refiere a barreras que se manifiestan en forma de controles rutinarios que las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) practican a diario en este y en otros lugares públicos.
Vista de la estación de Atocha en Madrid. © Gtres
Hablamos de actuaciones policiales basadas en criterios raciales, es decir, que aunque se justifiquen en la aleatoriedad, los testimonios e investigaciones señalan que se centran de manera desproporcionada en personas migrantes y racializadas. Si bien las paradas e identificaciones policiales se amparan legalmente en supuestos en los que se tiene indicios de que se ha cometido o se va a cometer un delito, los datos hablan de una realidad en la que las personas que no son blancas son constantemente paradas e identificadas por lo que son y no tanto por lo que hacen.
Una de las mayores barreras en la lucha contra esta práctica está en su reconocimiento, las instituciones y administraciones públicas la niegan y se niegan a recoger datos sobre la misma. Sin embargo, diversas investigaciones sociales han puesto cifras al sesgo racial en la actuación policial. A nivel europeo, puesto que la perfilación racial no es exclusiva del Estado español, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) lleva años denunciando sesgos en los controles policiales. De hecho, en 2018 alertaba que un 41% de las personas encuestadas en los países miembros señalaba el perfilamiento racial como causa de parada policial.
Mucho antes, en 2013, la Universidad de Valencia publicó un informe según el cual las personas gitanas eran paradas hasta 10 veces más que las personas blancas, las magrebíes 7,5 y las afrolatinoamericanas hasta 6,5 veces más. Años más tarde, en 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizó un estudio de observación directa en la principal estación de autobuses de Granada. Los resultados hablan por sí mismos. Siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca, la investigación mostraba las siguientes tasas de riesgo: negro 42:1; gitano 12:1; árabe/magrebí 10:1; y latinoamericano 8:1.
Por su parte, SOS Racisme Catalunya publicó un informe en 2019 el cual evidencia que, por cada persona de nacionalidad española identificada, las fuerzas del orden paran a 7,4 extranjeros para requerir su documentación. Un año más tarde, el Equipo de implementación Afrodescendiente junto a Rights International Spain (RIS) volvían a constatar en un informe, esta vez contextualizado en el estado de alarma debido a la crisis sanitaria del Covid-19, que más del 70% de las personas encuestadas denunciaban haber sido paradas e identificadas por perfilación racial.
En los últimos años, las organizaciones mencionadas se han dirigido a las instituciones del Estado para tratar de abordar la problemática, obteniendo una respuesta común, la negación de la misma. Es el caso del Ministro de Interior, quien ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de estos controles racistas, pero también lo ha hecho el director general de la Policía Nacional y, recientemente, el director general de los Mossos d'Esquadra quien defendió que el sesgo racial no solo no se da en las identificaciones, sino que “tampoco en las detenciones, ni en el comportamiento, ni en nada porque el cuerpo es una policía democrática”.
A pesar de esta seguridad en sus afirmaciones, ninguna de las instituciones mencionadas se abre a implementar mecanismos de fiscalización de la labor policial. Mientras tanto, el impacto que estas generan en las personas afectadas en particular y en la sociedad en su conjunto sigue haciendo estragos. Impactos que pasan por afectar a la salud física y emocional, impactos directos en adolescentes, sobre quienes se está enfocando estos controles en los últimos años, impactos en los derechos y libertades fundamentales, así como en la generación de una estigmatización por quienes no sufren estos controles, y que perciben inseguridad de unos vecinos y vecinas que son sistemáticamente parados por la policía.
La gente asiste a una concentración para protestar contra la muerte de un vendedor
ambulante en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés. © Gtres
Medidas para abordar el racismo en la labor policial
Como decíamos al inicio, en las últimas semanas se han presentado dos informes que vuelven a señalar esta práctica policial. Uno desarrollado por Amnistía Internacional sobre la gestión migratoria y otro sobre el racismo policial publicado por Rights International Spain junto a IRIDIA-Centre Dels Drets Humans. En los mismos se propone implementar una serie de medidas como los formularios de parada que arrojen luz sobre la labor policial de pa e identificación. No solo por los impactos mencionados, también porque esta práctica actúa como puerta de entrada a abusos mayores, donde las vulneraciones no acaban en la parada discriminatoria.
Se trata de una herramienta que se basa en la transparencia, es decir, conocer cómo están actuando las FCSE. Para ello, cada agente debe rellenar un formulario con los datos de las personas identificadas registrando esa interacción, pero también recogiendo otros datos fundamentales como la condición racial autopercibida por la persona afectada, la hora y lugar, identificación del agente, y resultado de la misma. El requerimiento de la condición racial es primordial puesto que en una población como la española, que no es solo blanca, la nacionalidad no permite medir la desproporcionalidad racial. El resultado de la parada permitiría observar si se está controlando a una determinada población y si se hace por razones objetivas.
Esta herramienta se ha implementado en algunas policías municipales y locales del Estado español como recoge el informe Un análisis cualitativo del sesgo racial en la práctica de parada e identificación policial, sin extenderse su uso a las fuerzas que más controles realizan en el contexto de sus competencias (Policía Nacional y Guardia Civil). Las argumentaciones contrarias al uso de esta herramienta han sido variadas, desde que es racista hablar de razas, siendo esta una demanda de las organizaciones que luchan activamente contra el racismo, a que pone la sospecha y el foco en el buen hacer policial, cuando como hemos visto, esta práctica es una realidad constatada por los testimonios de denuncia y numerosas investigaciones.
También se emplea el argumento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, señalando que la recogida de datos sensibles como etnia y raza puede suponer una vulneración de la ley y un riesgo para las personas. No obstante, el propio Defensor del Pueblo y la Comisión Europea han explicado que existen vías legales que garantizan la recogida de estos datos sensibles siempre que prime un interés general y se tomen salvaguardas. Además, diversos organismos y organizaciones como el Defensor del Pueblo, la FRA o la ONU han solicitado su implementación. De hecho, en 2019 el Estado español presumió de esta herramienta, implementada de manera insuficiente en algunas policías locales, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial argumentando que venía a “mejorar la eficacia policial, prevenir y controlar sesgo discriminatorio en las actuaciones (policiales)”.
Por último, es importante señalar que este mecanismo no resuelve por sí mismo el problema del sesgo racial en las actuaciones policiales, pero puede suponer un primer paso ante una postura negacionista e inmovilista de las instituciones públicas. Por ello, además de los formularios de parada, hay otras medidas que se solicitan desde la sociedad civil que pasan por prohibir de forma explícita, por ley, el uso de perfiles raciales, recogiendo una definición clara que la señale como forma de discriminación racial en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase avanzada en su proceso de reforma; establecer cauces efectivos de denuncia para que quienes sufran discriminación racial policial puedan denunciar; y crear un mecanismo externo, público e independiente de supervisión y evaluación de las actuaciones policiales, indispensables para combatir estas prácticas. Es hora de que se escuche a la sociedad civil y se actúe en consecuencia.