Aunque los derechos humanos se ven menoscabados en numerosos países de todo el mundo, simpatizantes y activistas de Amnistía Internacional han demostrado que siempre se pueden lograr cambios.
Cambios en las leyes
En el mes de julio, el Parlamento de Ghana votó a favor de eliminar la pena de muerte de la Ley sobre Delitos y Otras Infracciones de 1960 y de la Ley sobre las Fuerzas Armadas de 1962, lo que hizo que el país se convirtiera en abolicionista en la práctica. Con estas medidas, Ghana dio un importante paso hacia la abolición de la pena de muerte.
Activistas asisten a una vigilia con velas celebrada para protestar contra la ejecución inminente del ciudadano malayo Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado a muerte por haber introducido heroína en Singapur. © AFP via Getty Images
El 4 de julio entraron en vigor las reformas legislativas para eliminar la pena de muerte preceptiva en Malasia, que también abolieron por completo la pena de muerte para siete delitos. Los tribunales recibieron la facultad de revisar las condenas de más de 1.000 personas en espera de ejecución y decidir discrecionalmente entre la pena capital o el encarcelamiento y, lamentablemente, la flagelación (un castigo cruel prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos). Gracias a la vigencia de la moratoria oficial de las ejecuciones de 2018, estas reformas podrían reducir el número de condenas a muerte impuestas y representan un hito importante en el proceso de abolición emprendido por Malasia.
Estos dos avances son una victoria para todos los actores, incluida Amnistía Internacional, que han hecho campaña incansablemente para que este cruel castigo pase a la historia.
En el mes de abril en España, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, conocida como Ley de Vivienda. Durante años, los movimientos sociales y diferentes organizaciones como Amnistía Internacional habían denunciado la situación de crisis del derecho a la vivienda y habían trabajado para que esta Ley, la primera estatal en democracia, se convirtiera una realidad.
En el mes de agosto, tras el trabajo de incidencia llevado a cabo por el movimiento #MeToo/#YoTambién de Taiwán y Amnistía Internacional Taiwán para poner fin a la violencia sexual en internet, el gobierno de este país aprobó una reforma de la Ley de Prevención del Delito de Agresión Sexual, que exige a las plataformas o proveedores de servicios de internet que limiten o eliminen la búsqueda de material de sitios web relacionado con estos delitos.
En septiembre, el presidente Joe Biden anunció la creación de la primera oficina en la historia de la Casa Blanca dedicada a combatir la violencia con arma de fuego, una medida que Amnistía Internacional Estados Unidos llevaba propugnando desde 2018.
Tras más de dos años de negociaciones, en el mes de octubre, el gobierno austríaco de coalición acordó una ley de acceso a la información. Amnistía Internacional Austria ha apoyado de forma activa esta legislación desde el principio. Aunque presenta algunas debilidades, la propuesta de ley es un paso hacia una mayor transparencia por parte de las autoridades y las empresas públicas.
El Congreso de la Nación de Argentina aprobó la Ley Olimpia en el mes de octubre, que busca prevenir la violencia de género en internet y hacer rendir cuentas a quienes la cometan. Amnistía Internacional Argentina llevaba varios años pidiendo que se aprobara esta ley y ha publicado informes que ponen de manifiesto que una de cada tres mujeres argentinas han sufrido violencia en internet.
El Congreso de la Nación de Argentina aprobó la Ley Olimpia, que busca prevenir la violencia de género en internet y hacer rendir cuentas a quienes la cometan. Amnistía Internacional Argentina llevaba varios años pidiendo que se aprobara esta ley y ha publicado informes que ponen de manifiesto que una de cada tres mujeres argentinas han sufrido violencia en internet. © Amnistía Internacional Argentina
Esta nueva ley recibe su nombre de Olimpia Coral Melo, una activista que lleva tiempo haciendo trabajo de campaña en favor de espacios digitales sin violencia para las niñas y las mujeres. “Soy sobreviviente de violencia sexual. Estuve al borde del suicidio. Me sentía culpable, pero mi madre me apoyó”, explicó Olimpia a Amnistía Internacional Argentina.
Tras más de una década de campaña de Amnistía Internacional y sus aliados, el 14 de diciembre la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, un instrumento legislativo pionero que exigirá a las empresas que operan en la UE que aborden los efectos nocivos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Aunque la legislación no llegó tan lejos como Amnistía había defendido en algunas áreas, es un importante paso adelante para la rendición de cuentas de las empresas y proporcionará una nueva vía de recurso crucial para las personas afectadas por abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas en todo el mundo.
Niños, niñas y jóvenes
Amnistía Internacional Sudáfrica, con el apoyo del Fondo de Canadá para Iniciativas Locales, dirigió el proyecto Disruptorxs Digitales en 2023. © Amnesty International South Africa
Amnistía Internacional Sudáfrica, con el apoyo del Fondo de Canadá para Iniciativas Locales, dirigió el proyecto Disruptorxs Digitales, que dotó a 15 activistas juveniles del conocimiento y las herramientas necesarios para elaborar campañas dirigidas por jóvenes. Los disruptores y disruptoras digitales pidieron al gobierno local de Orange Farm, localidad cercana a Johannesburgo, que aplicara políticas sobre violencia de género que promovieran cambios positivos. Además, estos jóvenes transformaron un punto crítico para la delincuencia y la violencia en un lugar donde sus habitantes sentían que podían informarse y organizar diálogos sobre la violencia de género existente en la zona sin peligro.
El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay aprobó en agosto un programa nacional de prevención y atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que era una de las recomendaciones clave del informe de Amnistía Internacional titulado Son #NiñasNoMadres.
Educación
Tras dos años de trabajo de incidencia realizado por Amnistía Internacional, el Consejo de Europa incorporó las recomendaciones de la organización a su hoja de ruta sobre educación en derechos humanos para el periodo 2024-2028. En lo que constituye una gran victoria, la propuesta de Amnistía Internacional para “localizar la educación en derechos humanos” es ahora la piedra angular de la nueva hoja de ruta en el compromiso del Consejo de Europa para adaptarse a los distintos contextos locales y hacer que la educación en derechos humanos sea más cercana y accesible a las personas jóvenes de esa región.
Buscar la libertad
Las cuatro personas defensoras de los derechos humanos del caso de Buyukada —Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun, que habían sido halladas culpables en julio de 2020 de cargos infundados— fueron finalmente absueltas. Su puesta en libertad llega exactamente seis años después de la primera detención de Taner.
Activistas se manifiestan ante el edificio de la Comisión Europea en Bruselas para que se aborde urgentemente la cuestión de los defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados, entre los que se encuentran la directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía İdil Eser y Taner Kılıç. © Amnesty International /Richard Burton
Las cuatro expresaron su agradecimiento a Amnistía Internacional, señalando: “Durante seis años, hemos visto funcionar los engranajes de la injusticia, pues las acusaciones contra estas cuatro valientes personas defensoras de los derechos humanos han sido aceptadas como hechos por sucesivas instancias judiciales. El fallo [del 6 de junio] revela el verdadero propósito de estos procesamientos de motivación política: utilizar los tribunales como arma para acallar las voces críticas”.
“Durante seis años, hemos visto funcionar los engranajes de la injusticia, pues las acusaciones contra estas cuatro valientes personas defensoras de los derechos humanos han sido aceptadas como hechos por sucesivas instancias judiciales. El fallo [del 6 de junio] revela el verdadero propósito de estos procesamientos de motivación política: utilizar los tribunales como arma para acallar las voces críticas”
En julio, la fiscalía recurrió la sentencia absolutoria de Taner; y éste, Idil y Özlem recurrieron el motivo (la falta de pruebas) de su absolución. Estos recursos de apelación siguen pendientes.
Elias Bizimungu, periodista de 33 años y miembro del movimiento juvenil congoleño Lucha por el Cambio (LUCHA, por sus siglas en francés), fue detenido en un control de seguridad del ejército y quedó bajo custodia al comienzo de una movilización pacífica de dos días de duración contra el apoyo de Ruanda al grupo rebelde M23. Después de que el tribunal militar juzgara y condenara al periodista, Amnistía Internacional puso en marcha una campaña para pedir su liberación. En junio, Elias fue finalmente absuelto por un tribunal civil y quedó en libertad.
El abogado de derechos humanos Mohamed Baker quedó en libertad gracias a un indulto presidencial tras pasar más de cuatro años detenido de forma arbitraria únicamente por su indispensable trabajo de derechos humanos. Amnistía Internacional había efectuado numerosas actividades de campaña sobre este caso, y el abogado formó parte de Escribe por los Derechos 2022.
Los periodistas yemeníes Mohammed al Salahi y Mohammed al Junai quedaron en libertad en el mes de julio. Ambos se encontraban recluidos en Hodeida, en un centro de detención de los servicios de seguridad e inteligencia huzíes en el que, en total, pasaron casi cinco años detenidos. Durante su reclusión, fueron sometidos a toda una serie de violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y negación de asistencia letrada. Amnistía Internacional llevaba haciendo campaña por su liberación desde 2018.
Chau Van Kham, ciudadano australiano y activista vietnamita en favor de la democracia, de 73 años, regresó a Sidney a principios de año tras quedar en libertad. Chau había sido detenido a las pocas horas de su llegada a Vietnam en 2019 y condenado a 12 años de cárcel por ser miembro del partido político Viet Tan. Amnistía Internacional consideraba que Chau era preso de conciencia, detenido únicamente por sus convicciones políticas pacíficas.
“Damos las gracias a las numerosas organizaciones y personas de Australia y de todo el mundo que han ayudado a presionar para que lo pusieran en libertad.”
Dan Nguyen, abogado del activista Chau Van Kham, agradeció a Amnistía Internacional su apoyo así: “Nos alegra anunciar que Chau Van Kham se encuentra bien y ha regresado hoy con su familia. Damos las gracias a las numerosas organizaciones y personas de Australia y de todo el mundo que han ayudado a presionar para que lo pusieran en libertad”.
Este mismo año, en julio, Joanah Mamombe y Cecillia Chimbiri han sido absueltas de uno de los cargos en su contra tras ser detenidas en 2020 por encabezar una protesta contra el gobierno. Ha sido un paso importante para ambas, que han podido empezar a recuperarse de su terrible experiencia. Como parte de la campaña Escribe por los Derechos 2022 de Amnistía Internacional, nuestra base de simpatizantes emprendió varias acciones y Amnistía Internacional Zimbabue les brindó su apoyo a lo largo del proceso judicial.
Cecillia Chimbiri y Joanah Mamombe recibieron cartas de apoyo enviadas como parte de la campaña Escribe por los Derechos. © Amnesty International Zimbabwe
Al leer las cartas de apoyo, Joanah comentó: “Muchas gracias a nuestras amistades en Amnistía Internacional por haber escrito todas estas cartas. Ahora estamos iniciando el camino de la recuperación”.
El ciudadano taiwanés Morrison Lee pudo por fin regresar a casa tras haber sido acusado injustamente de delitos que ponían en peligro la seguridad de China. Durante su terrible experiencia, se vio obligado a confesar ante las cámaras de televisión, práctica habitual utilizada por el gobierno chino para reprimir a activistas y personas abogadas de derechos humanos. Amnistía Internacional Taiwán había hecho campaña en favor de su liberación.
En septiembre, las sentencias condenatorias de Mücella Yapıcı y Hakan Altınay, presa y preso de conciencia, fueron anuladas, y ambos salieron de prisión en septiembre. Mücella y Hakan expresaron su gratitud por las cartas de activistas de Amnistía Internacional que habían recibido en la cárcel. A principios del año próximo serán juzgados de nuevo. Las otras cinco personas presas que, junto con ellos, son conocidas como “Los 7 de Fezi” siguen en prisión.
En 2020, el srilankés Ramzy Razeek pasó cinco meses detenido por publicar un comentario crítico en Facebook. Amnistía Internacional lanzó un llamamiento para que lo pusieran en libertad y su caso se cerró finalmente en septiembre de este año después de que la Corte Suprema srilankesa resolviera que se habían violado sus derechos fundamentales. El tribunal ordenó también al Estado que le pagara una indemnización.
Kambiz Kharout y Ebrahim Narouie, dos integrantes varones de la oprimida minoría baluchi de Irán, que habían sido declarados culpables y condenados a muerte en relación con la sublevación que tuvo lugar en Irán en 2022 bajo el lema “Mujer Vida Libertad”, quedaron en libertad después de que el Tribunal Supremo anulara sus declaraciones de culpabilidad y condenas a muerte. Kambiz Kharout quedó en libertad en septiembre y Ebrahim Narouie en octubre. Amnistía Internacional había hecho campaña desde febrero de 2023 para que se anularan sus declaraciones de culpabilidad y condenas.
Un día después de que Amnistía Internacional emitiera una Acción Urgente en la que se pedía su liberación, el periodista somalí Mohamed Ibrahim Osman Bulbul salió en libertad bajo fianza de la prisión de Mogadiscio. Había sido detenido en agosto sólo por hacer su trabajo. Unos días después, el 11 de octubre, el tribunal regional de Bandir desestimó todos los cargos en contra de Mohamed.
“Su Acción Urgente ha desempeñado un papel realmente muy importante para que pudiera obtener mi libertad. Estoy profundamente emocionado por su solidaridad”
En un mensaje que recibió Amnistía Internacional, Mohammed dijo: “Quiero expresar una vez más mi profunda gratitud por su apoyo y su incansable trabajo de incidencia para conseguir mi libertad. Su Acción Urgente ha desempeñado un papel realmente muy importante para que pudiera obtener mi libertad. Estoy profundamente emocionado por su solidaridad”.
Mortaza Behboudi, que llevaba detenido desde el 7 de enero de 2023, quedó en libertad el 18 de octubre tras varios llamamientos de Amnistía Internacional Francia. Este periodista franco-afgano de 29 años, que pasó más de nueve meses detenido en Afganistán, va a reunirse con su familia. Fue acusado de espionaje por los talibanes que, desde su regreso al poder en agosto de 2021, han seguido reduciendo de forma drástica los derechos humanos de la población.
La académica franco-iraní Fariba Adelkhah fue detenida en junio de 2019 en Irán. Tras varios llamamientos de Amnistía Internacional, quedó en libertad y recibió autorización para regresar a Francia en octubre de 2023. Esta académica había sido condenada a cinco años de prisión por “poner en peligro la seguridad nacional”, acusación que ella siempre ha negado. Cuando quedó en libertad, Fariba dio las gracias a Amnistía Internacional y dijo: “Ya he dejado atrás todo eso. Lo que queda son todos estos gestos de amistad y compromiso, la movilización de las personas conocidas y de las desconocidas”.
El activista afgano de la educación Matiullah Wesa quedó en libertad el 26 de octubre, tras pasar casi siete meses encarcelado por promover el derecho de las niñas a la educación y criticar la política de los talibanes que prohíbe a éstas acudir a centros de enseñanza secundaria. Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente e hizo campaña hasta que el activista quedó en libertad.
Matiullah Wesa, director de PenPath y defensor de la educación de las niñas en Afganistán, habla con unos niños durante una clase junto a su biblioteca móvil en el distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar. Wesa, fundador de un proyecto que aboga por la educación de las niñas en Afganistán, fue detenido por las autoridades talibanes en Kabul por su labor. © AFP via Getty Images
Attaullah Wesa, hermano de Matiullah y cofundador y director ejecutivo de la organización PenPath, declaró: “Damos las gracias a Amnistía Internacional y a sus 10 millones de miembros que estuvieron a nuestro lado. La solidaridad, el apoyo y el trabajo de incidencia de Amnistía y sus miembros nos motivaron a luchar por la excarcelación de Wesa, y agradecemos mucho su apoyo. Aunque seguimos indignados por la sentencia judicial de los talibanes y los siete meses de libertad que Matiullah ha perdido, seguiremos realizando nuestra labor de incidencia sobre el derecho a la educación de las niñas en Afganistán”.
El profesor universitario Firew Bekelequedó en libertad tras haber pasado tres meses recluido por su presunta participación en la redacción y publicación del libro titulado The Hijacked Revolution (La revolución secuestrada). Era un preso de conciencia que, para empezar, nunca debió haber sido detenido. Tras la publicación en septiembre de la Acción Urgente de Amnistía Internacional, el director de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía visitó a Firew Bekele en la cárcel y pidió su liberación inmediata.
Tras varios llamamientos de Amnistía Internacional, la orden de detención administrativa de Sajad Gul fue anulada después de que este periodista cachemir pasara 22 meses detenido en aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira.
Tras pasar casi siete largos años en detención arbitraria, la presa de conciencia y exsenadora Leila de Lima quedó en libertad bajo fianza después de que un juzgado filipino accediera el 13 de noviembre a su solicitud de libertad bajo fianza en relación el último cargo relacionado con drogas formulado en su contra.
Leila Norma Eulalia Josefa Magistrada de Lima es una política filipina, abogada, activista de derechos humanos y profesora de Derecho que anteriormente fue senadora de Filipinas de 2016 a 2022. © www,nppaimages.com
Amnistía Internacional acogió con satisfacción este avance positivo, y pidió que se desestime esta última causa por drogas que se sigue contra ella y que quienes están tras su detención arbitraria y otras violaciones de sus derechos humanos respondan de ellas ante la justicia. Amnistía Internacional lleva trabajando en el caso de Leila de Lima desde su detención en 2017, reiterando en las declaraciones nacionales e internacionales que los cargos presentados contra ella eran falsos.
Justicia y rendición de cuentas
Suiza reformó su legislación sobre la violación para incorporar una definición basada en el consentimiento en junio y, en julio, la Cámara de Representantes de Países Bajos votó a favor de reformar la Ley sobre Delitos Sexuales con la introducción de una definición de violación basada en el consentimiento. Está previsto que el proyecto de ley se apruebe definitivamente tras la votación en el Senado en los próximos meses.
Entrega en la Cancillería Federal de Suiza de una petición con 37.000 firmas para que se revisen las obsoletas disposiciones del derecho penal suizo sobre violencia sexual, principalmente para incluir una definición de violación basada en el consentimiento. © Amnesty International
Son grandes triunfos para activistas, sobrevivientes y partes asociadas, así como para el trabajo de incidencia y la campaña Hablemos del SÍ de Amnistía Internacional en la región.
En España, tras 6 años de lucha en los juzgados españoles y 100 querellas presentadas, por primera vez, un Juzgado tomó declaración a una víctima de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad. Tras la suspensión de las declaraciones el pasado 14 de julio, en septiembre el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid tomó declaración a Julio Pacheco Yepes, como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en la Dirección General de Seguridad en Madrid, en la que participaron diferentes miembros de la Brigada Político-Social, la policía política durante la dictadura.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció una institución internacional e independiente para esclarecer la suerte y el paradero de decenas de miles de personas sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido en Siria. Ofrecerá una vía única para registrar los casos y proporcionará a las familias las respuestas que esperan desde hace tiempo sobre lo sucedido a sus seres queridos.
Fotografías de personas sirias desaparecidas adheridas a un autobús en el que hay subidas varias personas, entre ellas un grupo de mujeres sirias, durante una manifestación de “Familias por la Libertad” en la plaza del Parlamento de Londres, Inglaterra. La protesta forma parte de una campaña dirigida por mujeres en favor de los derechos de las personas desaparecidas en Siria. © Carl Court / Getty Images
Amnistía Internacional brindó su apoyo a las personas y familias sirias sobrevivientes que han encabezado la lucha en favor de la creación de ese organismo, facilitando reuniones con los Estados miembros para convencerlos de que apoyen a la institución.
Este año, Amnistía Internacional Sudáfrica fue admitida como amicus curiae (amigo de la corte) para aportar ideas y conocimientos a la solicitud de una orden declarativa para que el presidente ruso Vladimir Putin fuera detenido si asistía a la Cumbre de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica. Antes de que el asunto pudiera tratarse ante el tribunal, se anunció que el presidente Putin ya no asistiría a la Cumbre. A continuación, el tribunal emitió una orden de detención contra él si se presentaba. Fue un logro enorme en materia de justicia y rendición de cuentas, y las iniciativas de litigio de Amnistía Internacional demostraron la fuerza del movimiento.
En julio de 2023, el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas lamentó la falta de una investigación efectiva sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022 y reclamó al Estado español iniciar con urgencia “una investigación imparcial” sobre lo ocurrido ese día en la frontera hispano-marroquí, así como adoptar las medidas necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una decisión en una causa entablada por 261 trabajadores/as sexuales contra Francia. Estos trabajadores/as sexuales, hombres y mujeres de 20 países que viven en Francia, denunciaron violaciones de sus derechos en aplicación de los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que varios aspectos del trabajo sexual constituyen delito en Francia. El Tribunal Europeo declaró admisible la causa y, como significativo primer paso, reconoció la posible condición de víctimas de las personas denunciantes. En su decisión, el Tribunal citaba las declaraciones de los propios trabajadores/as sexuales, lo que supuso un importante reconocimiento de las voces de este colectivo. Amnistía Internacional aportó un informe amicus curiae a la causa.
Tras años de cabildeo de Amnistía Internacional Italia, el sacerdote Franco Reverberi fue extraditado a Argentina, donde será finalmente juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. En un intento de eludir la acción de la justicia argentina, Reverberi permanecía en Italia para beneficiarse de su sistema de justicia y evitar la extradición. Amnistía Internacional también fue clave para pedir la inclusión de la tortura en el Código Penal italiano.
Amnistía Internacional publicó el informe “My heart is in pain”: Older people’s experience of conflict, displacement, and detention in Northeast Nigeria en diciembre de 2020. Amnistía Internacional solicitó que Nigeria ratifique el Protocolo destinado a proteger los derechos de las personas mayores, además de documentar cómo estas personas se ven afectadas de forma desproporcionada por el conflicto y son ignoradas sistemáticamente por los equipos de respuesta humanitaria en el país.
Un hombre de edad avanzada ante alimentos para venderlos en un mercado cerca de Maiduguri, estado de Borno, noreste de Nigeria. © Thw Walking Paradox/Amnesty International
El gobierno nigeriano ha escuchado el llamamiento de Amnistía Internacional y ha ratificado este Protocolo, lo que supone un gran logro para las personas mayores y un paso vital hacia la protección plena de sus derechos humanos en Nigeria.
Amnistía Internacional sumó fuerzas con otras organizaciones para presionar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de que priorice las medidas para abordar la impunidad en Sudán. Como consecuencia, el Consejo adoptó una resolución para establecer una misión internacional independiente de investigación sobre Sudán. Su cometido es investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas originarias de todos los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos así como las violaciones del derecho internacional humanitario, incluso los cometidos contra personas refugiadas, y crímenes relacionados en el contexto del conflicto armado en curso. Es un pequeño logro para las iniciativas de rendición de cuentas sobre Sudán.
En un avance histórico hacia un sistema de política fiscal internacional más justo e inclusivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de una resolución para empezar a redactar una Convención Fiscal de la ONU. Esto permitiría una participación más inclusiva de todos los países en la política fiscal global al tiempo que mejoraría su capacidad de proteger y promover sus derechos impositivos. Amnistía Internacional es miembro activo de diversas coaliciones de la sociedad civil que llevan tiempo presionando a los Estados para que apoyen la elaboración de políticas fiscales globales más justas e inclusivas, y seguirá participando en el desarrollo de la Convención para generar más recursos a fin de que los Estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El informe de Amnistía Internacional titulado “No querían irse [de sus casas].” Mass forced evictions at Cambodia’s UNESCO World Heritage Site of Angkor se publicó en noviembre tras ocho meses de investigación en Siem Reap (Camboya).
Fotografía realizada durante el trabajo de investigación realizado en marzo de 2023 en Siem Reap, Camboya, donde Amnistía ha considerado que los desalojos “voluntarios” en los templos de Angkor Wat son forzosos. El gobierno asegura que necesita trasladar a la gente para mantener el estatus del lugar como Patrimonio de la Humanidad. Esta imagen muestra a un hombre desmontando su casa para trasladarse al lugar de reubicación. © Amnesty International
Al día siguiente de la publicación del informe, la UNESCO dijo estar profundamente preocupada ante los hechos denunciados por Amnistía Internacional y ha adelantado la fecha límite para que las autoridades camboyanas presenten un informe sobre la conservación de Angkor. Aunque las autoridades camboyanas han rehusado reconocer los desalojos forzosos, han invitado a Amnistía Internacional a visitar el país para continuar el debate sobre la situación, y la organización ha aceptado.
Letonia ratificó el Convenio de Estambul (tratado internacional para prevenir y combatir la violencia de toda índole contra mujeres y niñas) después de años de campaña de Amnistía Internacional.
Derechos LGBTI
Un tribunal de Hong Kong concedió una victoria parcial al activista LGBTI Jimmy Sham, quien lleva desde 2018 luchando para que se reconozca su matrimonio con una persona del mismo sexo en el extranjero. La sentencia, tras una campaña de Amnistía Internacional, fue un avance importante y un momento esperanzador para la comunidad LGBTI de Hong Kong, privada de igualdad de derechos desde hace tiempo debido a las leyes obsoletas y discriminatorias de la ciudad.
Tecnología
El Equipo de Trabajo sobre Tecnologías de Vigilancia de Amnesty Tech colaboró con la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC) para publicar dos informes que ponían al descubierto la proliferación global de tecnologías de vigilancia y la ausencia de medidas por parte de los gobiernos y la UE para regular debidamente la industria. Los Archivos Predator arrojaron luz sobre la alianza Intellexa y sus productos de vigilancia, incluido el software espía altamente invasivo Predator.
Laboratorio sobre Seguridad de Amnesty Tech hizo público un informe sobre la alianza Intellexa y el programa espía Predator. © Colin Foo
Desde su publicación, personal experto de la ONU y miembros del Parlamento de la UE se han hecho eco de los llamamientos de Amnistía Internacional en favor de más investigaciones, controles de exportación más estrictos y la prohibición global de todo software espía altamente invasivo. Los gobiernos nacionales han tomado medidas para investigar Intellexa y establecer una normativa más estricta sobre el uso y la proliferación de software espía, y los miembros del Parlamento Europeo han aprobado una resolución que critica la falta de seguimiento de las propuestas del Parlamento para contener los abusos del software espía.