¿Qué es la COP?
La COP (siglas de Conferencia de las Partes) es el encuentro anual más importante del mundo sobre cambio climático. En ella, los Estados que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) negocian acuerdos y medidas para frenar el calentamiento global.
Cada edición reúne a representantes gubernamentales, comunidades científicas, activistas, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil con un propósito común: decidir cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una transición energética justa.
La primera COP se celebró en 1995 y, desde entonces, ha sido el espacio donde se han forjado compromisos históricos, como el Acuerdo de París de 2015. Este año, la COP30 tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil), una de las regiones más biodiversas del planeta y también una de las más afectadas por la crisis climática.
Cartel oficial de la COP30 en Belém, Brasil, que se celebrará en noviembre de 2025, en el corazón de la Amazonía. La conferencia climática reunirá a líderes mundiales para abordar la crisis ambiental y los derechos humanos. © Getty Images
¿Por qué la COP30 es decisiva?
La COP30 llega en un momento crítico: el mundo ha superado por primera vez el umbral de 1,5°C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, el límite que la ciencia considera vital para evitar los impactos más graves del cambio climático.
Este escenario exige decisiones audaces. Los gobiernos deben situar los derechos humanos en el centro de la acción climática, avanzar hacia la eliminación progresiva y justa de los combustibles fósiles y garantizar que las comunidades más afectadas participen en las negociaciones y reciban apoyo real para adaptarse a los efectos del calentamiento.
La financiación climática será otro de los temas clave. Los países con mayores recursos y mayores responsabilidades históricas deben comprometerse a proporcionar ayudas en forma de subvenciones, no de préstamos, para que los países de bajos ingresos puedan proteger a sus poblaciones sin generar más deuda.
La evidencia científica es clara: la crisis climática empeora a causa de las actividades humanas, sobre todo la extracción y quema de combustibles fósiles. Pero aún estamos a tiempo de actuar colectivamente y crear un futuro donde prevalezcan la justicia y la sostenibilidad.
Vista aérea de incendios en la selva amazónica, cerca de la autopista Transamazónica, en el estado de Amazonas. La deforestación y la expansión de los combustibles fósiles amenazan uno de los ecosistemas más vitales del planeta. © Michael Dantas/AFP via Getty Images
Brasil, bajo el foco de la crisis climática
La celebración de la COP30 en Belém, en plena Amazonía brasileña, pone de relieve las enormes contradicciones a las que se enfrenta el país anfitrión. Mientras Brasil busca presentarse como un líder global en la lucha contra el cambio climático, sigue ampliando la extracción de combustibles fósiles en su territorio.
El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama) concedió a la empresa estatal Petrobras una licencia para realizar perforaciones en la desembocadura del Amazonas. La medida amenaza con provocar graves impactos sobre el clima global y el ecosistema local: pone en riesgo las aguas, los suelos y la biodiversidad de una de las regiones más ricas y frágiles del planeta.
Las consecuencias también afectan directamente a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que habitan en la zona (como los karipuna, palikur-arukwayene, galibi marworno y galibi kali’na), que no han sido consultados sobre el proyecto, pese a que el derecho internacional exige su consentimiento previo, libre e informado.
Cómo el cambio climático amenaza los derechos humanos
El cambio climático no es solo un desafío ambiental: es una crisis de derechos humanos. A medida que aumentan las temperaturas, se agravan los riesgos para derechos básicos como la vida, la salud, la vivienda, la alimentación y el agua.
Fenómenos cada vez más frecuentes como las sequías prolongadas, los incendios forestales, las inundaciones y las olas de calor extremo destruyen cosechas, encarecen los alimentos y obligan a millones de personas a desplazarse. Además, tras décadas de reducción del hambre, la inseguridad alimentaria vuelve a crecer en todo el mundo.
La contaminación del aire, intensificada por la quema de combustibles fósiles, afecta la salud de millones de personas, mientras que las enfermedades transmitidas por insectos se extienden a nuevas regiones. Las inundaciones devastadoras debido a la mayor intensidad de las tormentas también tienen impacto sobre los derechos a la salud, la vida y la vivienda.
En las llamadas “zonas de sacrificio”, donde se concentran industrias contaminantes, las comunidades marginadas sufren los impactos más severos: aire tóxico, pérdida de tierras y falta de infraestructuras adecuadas para resistir fenómenos meteorológicos extremos. La crisis climática amplifica desigualdades preexistentes y golpea con más fuerza a quienes menos han contribuido a causarla.
Las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos incluyen el deber de proteger a las personas frente a los daños ambientales. La falta de políticas climáticas ambiciosas puede traducirse en violaciones de derechos humanos. Actuar frente a la crisis climática no es una opción política, sino una responsabilidad legal y moral.
Incendio forestal en el Parque Nacional de Brasilia durante la peor sequía registrada en el país. La quema de vegetación y los incendios en aumento reflejan la urgencia de frenar la crisis climática. © EVARISTO SA/AFP via Getty Images
¿Qué son las comunidades “en primera línea” y las comunidades “colindantes”?
Las comunidades en primera línea son aquellas que sufren directamente los efectos del cambio climático: sequías, tormentas, incendios o la subida del nivel del mar. Suelen estar compuestas por pueblos indígenas, comunidades rurales y sectores históricamente marginados que padecen discriminación cultural, social o económica.
Las comunidades colindantes viven cerca de infraestructuras industriales como minas, refinerías o plantas químicas y sufren los impactos de la contaminación diaria. Son las víctimas invisibles del llamado racismo ambiental, que sacrifica su salud y su entorno en nombre del crecimiento económico.
Ambos grupos están en el centro de la lucha por la justicia climática, exigiendo políticas que reconozcan su derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Pakistán: vulnerabilidad extrema frente a la crisis climática
Aunque Pakistán apenas contribuye al 1% de las emisiones globales, su población sufre algunos de los efectos más devastadores del cambio climático. Es uno de los países más expuestos a catástrofes naturales intensificadas por el calentamiento global.
En 2022, el país padeció olas de calor históricas que superaron los 50°C, seguidas de lluvias monzónicas torrenciales que multiplicaron por siete los niveles normales de precipitación en algunas zonas. El río Indo se desbordó e inundó comunidades enteras, destruyendo viviendas y cosechas. En 2024, esa combinación de calor y lluvias extremas volvió a repetirse.
Pakistán necesita alrededor de 16.000 millones de dólares para recuperarse de las pérdidas y daños causados por las inundaciones de 2022, pero gran parte de la financiación internacional llega en forma de préstamos con altos intereses. Esta situación refleja la injusticia climática global: los países con menos responsabilidad en la crisis son los que más la padecen y los que menos apoyo reciben para afrontarla.
¿Qué debe lograrse en la COP30 para proteger el clima y los derechos humanos?
La COP30 representa una oportunidad única para impulsar la justicia climática. Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos mientras reducen sus emisiones y aceleran la transición energética justa.
Los gobiernos deben presentar planes nacionales ambiciosos, con metas concretas y plazos verificables. Estos planes deben centrarse en:
- Abandonar progresivamente los combustibles fósiles, sustituyéndolos por energías limpias.
- Proteger el espacio de la sociedad civil, garantizando la participación de activistas, defensores del medioambiente y comunidades afectadas.
- Aumentar la financiación climática sin generar deuda, de modo que los países de bajos ingresos puedan adaptarse y proteger a su población.
El éxito de la COP30 dependerá de la voluntad política para transformar compromisos en acción real.
Representantes de pueblos indígenas durante el Acampamento Terra Livre en el Congreso Nacional de Brasilia, la mayor movilización anual por los derechos de los pueblos originarios en el país. © EVARISTO SA/AFP via Getty Images
Abandonar los combustibles fósiles: una urgencia global
Proteger los derechos humanos pasa por una eliminación rápida, justa y completa del carbón, el petróleo y el gas. Solo así podrá limitarse el calentamiento global y evitar las peores consecuencias de la crisis climática.
Las subvenciones multimillonarias que aún mantienen vivo al sector de los combustibles fósiles deben redirigirse hacia energías limpias y sostenibles, como la solar o la eólica. La transición energética debe realizarse respetando los derechos laborales, sociales y ambientales de todas las comunidades implicadas.
Los combustibles fósiles son la principal fuente de gases de efecto invernadero. Su quema provoca el aumento sostenido de la temperatura global, la alteración de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar, que amenaza con hacer desaparecer a los pequeños Estados insulares.
Espacio cívico y activismo: voces que deben ser escuchadas
La participación de la sociedad civil es esencial para lograr resultados ambiciosos en la COP30. Defensores y defensoras del medioambiente, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y comunidades locales desempeñan un papel fundamental al exigir acción climática y denunciar la inacción de los gobiernos.
Sin embargo, en muchos países el espacio para la protesta y la participación se está reduciendo. Se intensifican los ataques contra activistas y periodistas, las campañas de difamación, la criminalización y la vigilancia digital. En las COP recientes, como las de Dubái (2023) y Azerbaiyán (2024), se denunciaron restricciones y hostigamiento a la sociedad civil.
Reconocer públicamente el papel de quienes defienden el planeta y garantizar su seguridad debe ser una prioridad en Belém. Sin libertad para expresarse y protestar, no puede haber justicia climática.
En cada edición de la COP, los movimientos juveniles, las organizaciones de mujeres y los pueblos indígenas han impulsado los compromisos más transformadores. Son quienes recuerdan a los gobiernos que la acción climática debe ser equitativa y basada en derechos humanos. Sin su presencia y vigilancia, las promesas climáticas corren el riesgo de quedar en declaraciones vacías. Proteger el espacio cívico es, por tanto, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la ambición climática real.
Pastores sami con su rebaño de renos en Reinfjord, Noruega. Las comunidades indígenas del Ártico afrontan los impactos del cambio climático en sus medios de vida y tradiciones ancestrales. © OLIVIER MORIN/AFP via Getty Images
Financiación climática: el reto de la equidad
En la COP29 se acordó un nuevo objetivo de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para apoyar a los países más vulnerables, pero la cifra sigue siendo muy inferior a lo que reclaman las naciones afectadas y los movimientos climáticos.
Muchos Estados de altos ingresos no han cumplido sus compromisos, y gran parte de los fondos prometidos se canalizan como préstamos, generando deuda adicional. La COP30 debe acordar un plan concreto y un calendario vinculante para ampliar las aportaciones basadas en subvenciones.
Existen múltiples formas de generar recursos: gravar a las empresas de combustibles fósiles según el principio de quien contamina, paga, o redirigir las subvenciones que hoy benefician a esas mismas industrias.
La financiación justa y suficiente es la base de cualquier acción climática eficaz. Sin ella, los países que menos han contribuido a la crisis seguirán pagando el precio más alto.
Una financiación climática equitativa no solo permite reducir emisiones, sino también reforzar los sistemas de salud, vivienda e infraestructuras básicas para resistir fenómenos extremos. Es esencial para proteger los derechos a la vida, la educación y la seguridad alimentaria. La falta de apoyo económico a los países más vulnerables amplía las brechas globales y pone en peligro la estabilidad social. Por eso, el cumplimiento de los compromisos financieros es una condición imprescindible para que la acción climática sea justa y sostenible.
Manifestación en Río de Janeiro para exigir justicia por el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el defensor indígena Bruno Pereira, asesinados en la Amazonia en 2022 mientras investigaban la deforestación ilegal. © LUCIOLA VILLELA/AFP via Getty Images
Preguntas clave sobre la COP30 y la justicia climática
Para finalizar, recopilamos algunos términos y preguntas esenciales para comprender cómo se relacionan el cambio climático, los derechos humanos y la COP30.
¿Qué relación hay entre el cambio climático y la desigualdad global?
La crisis climática profundiza las brechas existentes entre países ricos y países empobrecidos. Mientras las naciones que más contaminan disponen de recursos para adaptarse, los países con menores emisiones tienen que hacer frente a pérdidas devastadoras sin apoyo suficiente. Por eso, la justicia climática exige una redistribución equitativa de responsabilidades y financiación.
¿Por qué los derechos humanos deben guiar la acción climática?
Porque el cambio climático amenaza derechos como la vida, la salud, la vivienda y la alimentación. Las políticas ambientales que ignoran estos derechos pueden generar nuevas injusticias. Colocar a las personas en el centro de las decisiones climáticas garantiza que las soluciones sean sostenibles, inclusivas y justas.
¿Qué papel tienen los pueblos indígenas en la acción climática?
Los pueblos indígenas protegen algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y son guardianes de conocimientos esenciales para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, muchas veces son excluidos de las decisiones y sufren los peores impactos de la extracción de combustibles fósiles. Su participación es clave para lograr soluciones duraderas y justas.
¿Qué pasará si los gobiernos no actúan con urgencia?
El calentamiento global podría superar los 2,8°C a finales de siglo, con consecuencias irreversibles: desaparición de islas y zonas costeras, crisis alimentarias, desplazamientos masivos y violaciones graves de derechos humanos. No actuar ahora significa condenar a millones de personas a perder su hogar, su salud o su vida.
¿Todavía estamos a tiempo de frenar la crisis climática?
Sí. La ciencia demuestra que aún es posible limitar el calentamiento global si los gobiernos eliminan los combustibles fósiles, protegen los ecosistemas y financian la transición hacia energías limpias. Cada decisión cuenta y la presión de la sociedad civil puede marcar la diferencia.
¿Qué es la justicia climática?
Principio que reconoce que quienes menos contribuyen a la crisis climática suelen ser las personas más afectadas por sus consecuencias. Exige soluciones que integren equidad, sostenibilidad y derechos humanos.
¿Qué es la transición energética justa?
Cambio hacia energías renovables, como la solar o la eólica, que debe garantizar derechos laborales, sociales y ambientales. No se trata solo de sustituir fuentes de energía, sino de hacerlo sin dejar a nadie atrás.
¿Qué es el racismo ambiental?
Concepto que describe cómo las comunidades pobres o racializadas suelen verse más expuestas a la contaminación o a los efectos del cambio climático, debido a decisiones políticas o industriales desiguales.