Cada día, mujeres y niñas de todo el mundo tienen que sobrevivir a la devastación de la violencia sexual; una brutalidad que deja cicatrices imborrables en sus cuerpos, mentes y vidas. Esta no es solo una tragedia personal, sino una violación constante y sistemática de los derechos humanos.
En muchos rincones del mundo, la violencia sexual se utiliza como un arma de opresión y control para silenciar, someter y destruir comunidades enteras. A pesar de su escala y gravedad, la respuesta de la comunidad internacional y de los gobiernos nacionales y locales sigue siendo insuficiente. Demasiadas sobrevivientes quedan atrapadas en el olvido, sin acceso al apoyo emocional, médico y legal que necesitan para reconstruir sus vidas. En lugar de justicia, encuentran puertas cerradas y un silencio que perpetúa el ciclo de impunidad.
1.- La violencia sexual como arma de guerra
En contextos de guerra y conflictos armados, la violencia sexual se emplea sistemáticamente como una herramienta de intimidación, control y castigo hacia la población civil, especialmente mujeres y niñas. Este tipo de violencia deja profundas cicatrices físicas y psicológicas en las víctimas, desestabilizando comunidades enteras y erosionando su estructura social. En África, Asia y otras regiones en conflicto, los casos de violación, esclavitud sexual y secuestros documentan una estrategia de guerra cruel, cuya intención va más allá del daño individual y apunta a crear terror, aniquilar la resistencia y someter a la población.
Así ocurre en la República Democrática del Congo, particularmente en la región de Kivu Septentrional, donde en solo tres meses de 2023, se denunciaron más de 38.000 casos de violencia sexual. También en los campos de desplazados alrededor de Goma, donde miles de mujeres y niñas fueron atacadas sexualmente cuando intentaban recolectar alimentos o leña. La organización Médicos Sin Fronteras, que sólo en las dos últimas semanas de abril de 2023 atendió a 674 víctimas, calificó estos niveles de violencia de "proporciones catastróficas", reflejando la realidad de una crisis humanitaria agravada por la utilización de la violencia sexual.
En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido y otras milicias siguen perpetrando violaciones y sometiendo a esclavitud sexual a mujeres y niñas. Estos crímenes afectan incluso a menores de tan solo doce años. Las sobrevivientes encuentran enormes barreras para obtener apoyo médico y psicológico, debido a la limitada disponibilidad de servicios de atención y al desplazamiento del personal sanitario.
Una manifestante contra la mutilación genital femenina (MGF) sostiene una pancarta frente a la Asamblea Nacional en Banjul el 18 de marzo de 2024. © Muhamadou Bittaye/AFP via Getty Images
2.- Prácticas tradicionales y nocivas y violencia sexual
En muchas culturas y comunidades, algunas prácticas tradicionales profundamente arraigadas siguen justificando o perpetuando la violencia sexual contra mujeres y niñas, a menudo con la complicidad o inacción de las autoridades. Estas costumbres, aunque prohibidas por los marcos internacionales de derechos humanos, persisten y causan daños irreparables tanto a nivel individual como colectivo. Matrimonios forzados o prácticas como la mutilación genital femenina (MGF), son algunas de las formas de violencia que continúan afectando a millones de niñas y mujeres, atrapadas en sistemas culturales que ponen en riesgo su seguridad, su salud y su dignidad.
En Sierra Leona, la mutilación genital femenina sigue siendo una práctica común, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y diversos tratados internacionales la han condenado como una forma de violencia y abuso sexual. La reciente muerte de una niña de dos años tras ser sometida a esta práctica ilustra de manera trágica el impacto de la MGF en comunidades de África Occidental, donde hasta el 90% de las mujeres en algunas zonas han sido sometidas a esta forma de mutilación.
En Níger, los matrimonios forzados e infantiles afectan principalmente a niñas y adolescentes de zonas rurales, donde la pobreza, la desigualdad de género y la falta de acceso a la educación incrementan su vulnerabilidad. En estas áreas, niñas desde los diez años son casadas a la fuerza. Estas prácticas limitan sus oportunidades y libertad, y las obliga a convivir con adultos exponiéndolas a violencia sexual y abusos continuos.
La presión social y la falta de voluntad de las autoridades para intervenir refuerzan la normalización de estas costumbres, incluso en países donde existen leyes para prohibirlas. La comunidad internacional y los gobiernos deben redoblar esfuerzos para erradicarlas y ofrecer alternativas culturales que respeten los derechos de las mujeres, poniendo especial énfasis en la educación y en el empoderamiento de las niñas como herramientas fundamentales para el cambio.
Dos mujeres pasean por Mumbai, India. © Anshuman Poyrekar/Hindustan Times vía Getty Images
3.- Comunidades vulnerables víctimas de violencia sexual
La violencia sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas de comunidades vulnerables, incluidas aquellas que pertenecen a grupos étnicos marginados, personas desplazadas por conflictos, y aquellas que viven en condiciones de pobreza extrema. En estos entornos, factores como la discriminación estructural, la falta de acceso a la justicia y los prejuicios sociales agravan el riesgo de violencia sexual y limitan la posibilidad de que las víctimas obtengan apoyo y justicia. Estas comunidades, ya excluidas de muchos servicios esenciales, tienen que hacer frente a barreras adicionales al intentar denunciar los abusos y buscar protección.
En Estados Unidos, la situación de las mujeres indígenas ilustra la violencia y la desprotección de ciertas comunidades. Por ejemplo en Alaska y en otras áreas del país, el 56% de las mujeres indígenas ha sido víctima de violencia sexual, una cifra que duplica el promedio nacional. La jurisdicción restringida de las tribus indígenas sobre los agresores no indígenas deja a estas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema y de virtual impunidad para los perpetradores, especialmente en zonas donde la atención médica y los servicios de apoyo son escasos.
India es otro caso en el que la violencia sexual afecta desproporcionadamente a mujeres de comunidades vulnerables, especialmente a aquellas pertenecientes a castas marginadas, como las dalits y adivasis. Estas mujeres son víctimas de altos índices de abuso sexual a manos de miembros de castas dominantes. En el estado de Uttarakhand, por ejemplo, más de un centenar de niñas adivasis fueron agredidas sexualmente en una escuela en 2023, y aún no se ha hecho justicia para las víctimas.
En México, las mujeres indígenas en estados como Chihuahua tienen que hacer frente a altísimas tasas de violencia sexual y feminicidios. A pesar de las leyes, la falta de diligencia en la investigación y la impunidad de los agresores obstaculizan la justicia. La lejanía geográfica y la discriminación sistémica agravan el riesgo de violencia sexual en estas comunidades, donde muchas mujeres desaparecen sin que se realicen búsquedas efectivas.
Mujeres y niñas afganas participan en una protesta frente al Ministerio de Educación en Kabul, el 26 de marzo de 2022. © Ahmad Sahel Arman/AFP
4.- Violencia sexual y represión política
La violencia sexual es utilizada como una herramienta de represión política en distintos contextos para intimidar, controlar y castigar a personas o comunidades que desafían a gobiernos autoritarios o a grupos armados. Esta práctica, llevada a cabo en situaciones de detención o en medio de protestas, es una estrategia de los regímenes represivos para amedrentar a las mujeres y a los movimientos disidentes, y se ampara en la impunidad y en sistemas de justicia que operan a favor de los perpetradores. A través de violaciones, agresiones sexuales y humillaciones, los Estados y sus fuerzas de seguridad buscan silenciar a las voces críticas y quebrar la resistencia de la población.
En Irán, la violencia sexual también ha sido usada como una táctica para reprimir las protestas masivas desencadenadas tras la muerte de Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia policial en 2022. A raíz de las manifestaciones, muchas mujeres han sido arrestadas y sometidas a violencia sexual durante su detención, en un intento de intimidar a quienes continúan exigiendo libertad y justicia. A las detenidas no solo se les amenaza con represalias contra sus familias, sino que también se les impide denunciar, perpetuando la impunidad y el temor dentro de la sociedad iraní.
En Afganistán, desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, las restricciones extremas impuestas a las mujeres y niñas representan una forma de represión sistemática que se traduce en violencia de género. Las mujeres tienen prohibido trabajar fuera del hogar y se les exige un acompañante masculino para salir de sus casas. Además, el cierre de refugios y servicios de apoyo para sobrevivientes de violencia de género ha dejado a las afganas expuestas a abusos, incluyendo matrimonios forzados y violaciones, sin posibilidad de obtener ayuda. Esta opresión ha sido calificada por organizaciones internacionales como un "apartheid de género", diseñado para imponer un control absoluto sobre las mujeres y asegurar su subordinación mediante el miedo y la falta de alternativas.
En la región etíope de Tigré, soldados eritreos y etíopes emplearon la violencia sexual como herramienta de represión contra las comunidades locales, acusadas de apoyar a grupos opositores. Desde noviembre de 2022 hasta inicios de 2023, mujeres de Tigré fueron secuestradas, violadas y sometidas a esclavitud sexual en campamentos militares. A pesar de los acuerdos de paz, estos actos de violencia sexual persisten como un método de castigo, afectando gravemente el bienestar psicológico y físico de las víctimas y desintegrando las estructuras familiares y comunitarias.
Una mujer superviviente de violencia sexual espera el transporte con su bebé al borde de la carretera en la ciudad de Mekele, región de Tigré, norte de Etiopía. © Arlette BASHIZI for The Washington Post via Getty Images
5.- Buenas noticias
A pesar de los enormes desafíos, en diversas partes del mundo se están logrando avances importantes en la lucha contra la violencia sexual y la violencia de género, gracias a reformas legales, iniciativas comunitarias y el apoyo de organismos internacionales. Estos cambios muestran que, con compromiso y colaboración, es posible transformar las estructuras que perpetúan esta violencia y proporcionar a las víctimas los servicios de apoyo y justicia que necesitan.
En Bélgica, por ejemplo, la apertura de nuevos centros de atención a sobrevivientes de violencia sexual ha tenido un impacto positivo. En 2023, se establecieron dos centros adicionales, con lo que el país cuenta ya con diez que brindan apoyo psicológico, médico y legal a las víctimas. Estas instalaciones, que ofrecen asistencia gratuita y especializada, han beneficiado principalmente a mujeres jóvenes, y representan un modelo de intervención que otros países pueden adoptar para mejorar la respuesta a las necesidades de las víctimas.
En Japón, en 2023, se aprobaron enmiendas significativas al Código Penal que ampliaron la definición de violación para incluir relaciones sexuales no consentidas y elevaron la edad de consentimiento de 13 a 16 años. Este cambio legal, junto con el aumento del plazo de prescripción para denunciar agresiones sexuales, representa un avance histórico en la protección de los derechos de las mujeres y adolescentes en el país, y pone a Japón en línea con las normas internacionales de derechos humanos.
En México, la reciente declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte, en 2023, marcó un importante avance en los derechos reproductivos de las mujeres. Aunque no se trata específicamente de violencia sexual, esta decisión representa un gran paso en la autonomía de las mujeres y en la reducción de la violencia estructural hacia ellas, permitiéndoles acceder a servicios de salud seguros y legales. Además, iniciativas de activismo local y el fortalecimiento de fiscalías especializadas en feminicidio muestran un cambio hacia una mayor justicia para las mujeres.
Un futuro libre de violencia sexual: un compromiso ineludible
La violencia sexual, en todas sus formas, representa una violación atroz de los derechos humanos y un obstáculo insuperable para alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Garantizar un mundo donde mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia no es una utopía, sino un deber colectivo que exige voluntad política y recursos.
Es momento de que gobiernos, organismos internacionales y comunidades se unan para combatir esta epidemia global con determinación. Porque detrás de cada cifra hay una vida, una historia y un futuro que merecen dignidad, justicia y protección. Es un desafío monumental, pero no podemos permitirnos la indiferencia. La erradicación de la violencia sexual debe ser más que una aspiración: debe ser una realidad inminente.