En 2021 alumnos y alumnas del Instituto Herrera Oria de Madrid, como muchos otros centros en el resto de España, recogieron firmas por la liberación de seis activistas de derechos humanos. Entre ellos, Bernardo Caal, encarcelado en 2018 por defender los derechos de las comunidades Maya Q’eqchi‘, afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón, al norte de Guatemala. Pese a la falta de pruebas que sustentaran los cargos que caían sobre Bernardo, un tribunal de Cobán lo condenó a 7 años y 4 meses de prisión por los delitos de robo agravado y detención ilegal agravada.
En aquel acto de recogida de firmas de 2021, el alumnado del IES Herrera Oria preguntaba al equipo de Educación de Amnistía Internacional Madrid y de derechos humanos en el centro si ese gesto servía realmente para algo. Dos años más tarde, lo han podido comprobar con sus propios ojos. Bernardo Caal, excarcelado en 2022, les visitaba el pasado 16 de noviembre en su propio instituto.
Con motivo de su paso por España, el equipo de derechos humanos del centro, formado por varios profesores jubilados -Mª Victoria Toajas, Felipe Aguado y José Luis Cerezo- y 8 alumnos y alumnas, organizó una charla-encuentro en la que Bernardo contó su historia a las clases de 4º de la ESO.
A través de imágenes, el alumnado pudo conocer otra realidad, la de la comunidad guatemalteca Q’eqchi‘, que en muchas ocasiones les queda muy lejana. Bernardo les relató las violaciones de derechos humanos que sufre su comunidad, como la falta de acceso a la educación de los niños y niñas, la explotación de la tierra y los recursos por parte de grandes empresas, la quema de sus cultivos y casas, la explotación de las cosechas de café, del aceite de palma y del río Cahabón, sagrado para la comunidad Q’eqchi’.
Precisamente sobre la explotación de este río, Bernardo explicó al alumnado cómo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, firmó con el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina la construcción, a través de su filial Cobra, del mayor proyecto hidroeléctrico del país junto a un tramo del río Cahabón, en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Este proyecto, relataba Bernardo, ha causado un importante daño medioambiental y ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas ha dejado sin acceso al agua a miles de personas Q’eqchi‘.
Tras denunciar esta situación y por defender al río Cahabón, la tierra y los derechos humanos de esta comunidad, Bernardo fue criminalizado y encarcelado. Durante su estancia en prisión, recibió muchas cartas de apoyo, como parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional ‘Escribe por los derechos’, para lograr su liberación. “Eso me animó mucho”, decía Bernardo, que motivaba a los y las jóvenes a hacer ahora lo mismo por Virginia Laparra, ex fiscal de anticorrupción encarcelada por un delito de abuso de autoridad tras denunciar la corrupción de un juez.
Ambos casos muestran patrones similares de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala. Bernardo, que denuncia cómo se fabricaron pruebas contra él, vio perder su trabajo de maestro además de ser encarcelado. Amnistía Internacional, tras revisar el expediente penal abierto contra él, señaló que no había evidencia de los delitos de que se le acusaba y lanzó una campaña global para su liberación inmediata e incondicional. Ahora que ha conseguido salir de prisión, sigue siendo criminalizado y temiendo por su vida al tener aún causas abiertas.