El reciente asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile es un macabro recordatorio de lo peligroso que es en algunos países buscar la verdad.
La labor periodística es incómoda. No solo para gobiernos, sino también para grupos que, no teniendo el poder formal, lo tienen de facto. Hay desgraciadamente un esfuerzo colectivo para asfixiar la información con diferentes grados de intensidad, en algunos casos hasta la muerte.
Un policía argelino sujeta a un manifestante que participa en una concentración organizada por periodistas contra la supuesta censura a la hora de cubrir las protestas contra un quinto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika, 28 de febrero de 2019. © RYAD KRAMDI/AFP vía Getty Images
Pena de muerte (en Irán) – El periodista iraní Rouhallah Zam compartía imágenes de las protestas de su país entre los más de un millón de seguidores de su canal de noticias Amadnews, en Telegram. Además también publicó artículos sobre la presunta implicación de varias autoridades en casos de corrupción. La historia acaba el 8 de diciembre de 2020 cuando, tras ser condenado en un juicio manifiestamente injusto, tan solo cuatro días después fue ejecutado por ahorcamiento. El delito: “propagación de la corrupción en la tierra”. Horrendo.
Asesinato (en México). El cuerpo del periodista mexicano Julio Valdivia Rodríguez fue hallado en la región de Tezonapa el 8 de septiembre de 2020 acomodado de tal manera que aparentaba haber sido arrollado por las ruedas del tren. Pero los peritos criminalistas confirmaron que el cuerpo había sido decapitado y trasladado hasta allí. Sus vecinos se espantaron al ver la cabeza del periodista colocada sobre su moto por los asesinos. Julio era corresponsal de sucesos del Diario El Mundo. Informaba sobre un conflicto entre la policía y un grupo criminal local. México es un país donde quienes desempeñan el periodismo se juegan la vida. El año pasado fueron asesinados al menos 19.
Julian Assange © GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images
Cárcel (versión “occidental”). Julian Assange es quizá el periodista más famoso del mundo. Fundó Wikileaks, un sitio web que publica documentos filtrados por fuentes que se mantienen en el anonimato. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, informaban de posibles crímenes de guerra cometidos por su ejército en Irák y Afganistán. En un compadreo de gobiernos occidentales, el Reino Unido se avino a arrestarlo, dado que vivía en este país. Julian podría ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaría a una condena de hasta 175 años de prisión. Resulta increíble que no se haya procesado y menos aún sancionado a un solo miembro del ejército estadounidense por presuntos crímenes de guerra y la única persona sentada en el banquillo y expuesta a pasar el resto de su vida en la cárcel es el editor que puso al descubierto dichos crímenes.
Desaparicion forzada y tortura (en China). Zhang Zhan es una periodista ciudadana activa en hablar sobre política y temas relacionados con los derechos humanos en China. En febrero de 2020 viajó a Wuhan que era entonces el epicentro de la pandemia. Usó sus redes sociales para informar sobre la detención de periodistas independientes y familiares de personas enfermas con COVID-19. El 14 de mayo Zhang desapareció sin dejar rastro. Después se supo que había sido detenida por la policía en Shanghai (¡a 640 km!) donde estuvo durante meses con grilletes en los pies y las manos atadas durante 24 horas al día. En diciembre fue condenada a cuatro años de cárcel por “provocar peleas y crear problemas”. Tiene el dudoso honor de ser la primera periodista ciudadana condenada por informar sobre la COVID-19 en China.
Elena Milashina. © AI
Hostigamiento y amenazas de muerte (en Rusia). La periodista Elena Milashina lleva años denunciando en sus artículos las atrocidades que se producen en Chechenia y esto le ha puesto en más de una ocasión en riesgo de muerte. Recientemente sacó a la luz los abusos de la policía de Chechenia en un artículo titulado “Yo serví en la Policía de Chechenia y no quería matar gente”. Desvela los arrestos ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales a manos del segundo regimiento de la patrulla especial chechena. Y por ello, además de soportar las amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades chechenas, con el beneplácito de Moscú, ha sido acusada de libelo y de desestabilizar la situación política y social en el país.
Manifestación a favor de la democracia en Hong Kong, el 1 de marzo de 2021. © PETER PARKS/AFP vía Getty Images
Estrechar el margen de maniobra. Legislación restrictiva en países varios
Esta es una opción sutil, pero efectiva. Los ejemplos son abundantes y en todo el mundo.
Rusia aprobó enmiendas a su constitución que restringen el ya mínimo espacio para la libertad de prensa. En Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar publicar cualquier tipo de críticas a las autoridades en redes sociales o pedir reformas políticas y sociales puede suponer acusaciones de “perjudicar los intereses nacionales”, “agitar la opinión pública” o “menoscabar el sistema”, y condenas a penas de prisión, latigazos y multas. En Turquía pueden poner condenas por “terrorismo” y pasar muchos años en la cárcel. En Nigeria dos nuevos proyectos de ley castigarían con penas de hasta tres años de prisión, cadena perpetua y hasta pena de muerte las críticas al gobierno; mientras que, en Nicaragua, se aprobaron de manera exprés dos leyes y una reforma de la Constitución que permitiría la prisión a perpetuidad para periodistas que denunciaran políticas represivas del gobierno.
Además, la COVID-19 y la necesidad de no alarmar a la ciudadanía o que no se propaguen bulos ha dado la excusa definitiva a varios gobiernos para sacar su mano dura. Esto ocurrió en China, como ya sabemos, pero también en Níger y República del Congo.
Hoy día 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa te proponemos que defiendas a quienes tienen el afán de hacernos llegar la verdad.