La pena de muerte es la sanción más severa que cualquier sistema de justicia puede imponer y simboliza la máxima expresión del poder punitivo del Estado. Esta medida extrema no solo priva de la vida a quien la sufre, sino que también plantea serias cuestiones sobre el derecho de un gobierno a tomar la vida de una persona.
Amnistía Internacional acaba de lanzar su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo, revelando una tendencia alarmante. En el año 2023, las ejecuciones alcanzaron su punto más alto en casi una década, con un total de 1.153 que no incluyen las miles estimadas en China debido a la falta de transparencia. Este aumento se atribuye al incremento del número de ejecuciones llevadas a cabo en Irán: 853, de las cuales 24 fueron mujeres y 5 menores de edad en el momento del delito. Irán empleó la pena capital sobre todo para delitos relacionados con drogas.
La buena noticia es que la tendencia global muestra un claro avance hacia la abolición de la pena de muerte, puesto que los pocos países que todavía la utilizan están en franca minoría. Países como Pakistán y Malasia hicieron progresos significativos hacia la abolición, y en Ghana, el Parlamento votó a favor de eliminar la pena de muerte de su legislación.
Cuando Amnistía Internacional empezó su campaña global contra la pena de muerte en 1977 sólo 16 países la habían abolido. Hoy, en 2024, 112 países han puesto fin del todo a esta pena cruel. Este progreso evidencia una creciente esperanza de que la pena de muerte se convierta muy pronto en algo del pasado, reafirmando el valor de la vida y el respeto por los derechos humanos en todo el mundo.
Amnistía Internacional Alemania organizó una concentración en solidaridad con el derecho a la protesta de la sociedad iraní. © Amnesty International/Stéphane Lelarge
Mujeres condenadas a muerte en el mundo
Cuando se habla de la pena capital, a menudo se evoca la imagen de un hombre en el corredor de la muerte. Pero detrás de este sombrío panorama también hay una realidad que suele pasar desapercibida: la de las mujeres que enfrentan la misma condena. Más de 500 mujeres en todo el mundo se encuentran en esta situación, una estadística que pone de relieve una verdad a menudo olvidada.
Según el reciente informe de Amnistía Internacional (al menos) 31 mujeres fueron ejecutadas en 2023: 6 en Arabia Saudí, 24 en Irán y 1 en Singapur. Las cifras totales no incluyen los miles de ejecuciones que se cree ocurrieron en China y en países como Corea del Norte y Vietnam, donde el secretismo gubernamental mantiene las cifras ocultas.
De hecho, China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque el gobierno mantuvo en secreto las cifras de ejecuciones y condenas a muerte, clasificándolas como "secreto de Estado". La pena de muerte continuó aplicándose en el país para 46 delitos, algunos de los cuales no eran letales y, por lo tanto, no cumplían con el criterio de "los delitos más graves" según el derecho y las normas internacionales.
Los principales ejecutores
En el panorama global, ciertos países destacaron por el alto número de ejecuciones que llevaron a cabo. En Irán, la aplicación de políticas relacionadas con delitos de drogas resultó en un aumento de las ejecuciones, que impactaron desproporcionadamente sobre grupos étnicos y comunidades marginadas, como la minoría étnica baluchi. En el transcurso de 2023, Irán llevó a cabo un total de 853 ejecuciones, de las cuales 24 fueron mujeres. Estas ejecuciones constituyeron el 74% del total global registrado (excluyendo las cifras de China) y le otorgaron el terrible honor de ser uno de los cinco principales ejecutores a nivel mundial.
En Arabia Saudí, se documentaron ejecuciones de mujeres, con seis casos registrados en 2023. Este país también llevó a cabo ejecuciones por delitos relacionados con drogas, pese a ir contra el criterio internacional que establece que la pena de muerte debe reservarse para los "crímenes más graves".
En Singapur se llevó a cabo la ejecución de una mujer por primera vez en casi dos décadas: Saridewi Djamani, una singapurense de 45 años que había sido declarada culpable de traficar 30 gramos de heroína en 2018.
Singapur mantiene algunas de las leyes antidrogas más severas del mundo, argumentando que son necesarias para proteger a la sociedad. En este Estado del sudeste asiático, la ley impone la pena de muerte obligatoria a cualquier persona sorprendida traficando con más de 500 gramos de marihuana o 15 gramos de heroína.
Cartel que critica el uso de la pena de muerte por parte del régimen islámico iraní © Leon Neal/Getty Images
En Afganistán, el líder supremo de los talibanes afganos, el mulá Haibatullah Akhundzada, en el poder desde 2021, expresó el pasado mes de abril su intención de reinstaurar la lapidación como castigo por adulterio, una medida que supone una grave amenaza para los derechos de las mujeres afganas.
La lapidación no está regulada ni en la ley afgana ni en el Código Penal. Sin embargo, los talibanes argumentan que esta práctica es un cumplimiento estricto de la Sharia o ley islámica. Aunque en 2021 afirmaron que no tenían planes de reintroducir la lapidación, esta práctica fue un castigo oficial durante su gobierno anterior entre 1996 y 2001.
En los últimos 23 años, las ejecuciones por lapidación han continuado en áreas rurales donde tanto los talibanes como los líderes tribales mantienen una fuerte influencia. Estos grupos resuelven sus disputas en tribunales religiosos que juzgan según la Sharia. Aunque se evitan filtraciones de videos para prevenir una reacción internacional, las ejecuciones por lapidación y latigazos en lugares públicos como plazas y estadios han seguido ocurriendo.
En Egipto, se registraron al menos 62 condenas a muerte de mujeres en 2023. En este país, las mujeres condenadas a muerte suelen enfrentarse a juicios injustos y procedimientos legales que no cumplen con las normas internacionales de justicia.
La situación en Estados Unidos también es preocupante con 46 mujeres en el corredor de la muerte a finales de 2023.
Una activista sostiene una pancarta que pone «No a la pena de muerte». © Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket vía Getty Images
Estas cifras subrayan la necesidad urgente de reformas y de un movimiento global hacia la abolición de la pena de muerte. La aplicación de la pena capital no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también refleja profundas injusticias y desigualdades sociales, especialmente contra mujeres y minorías marginadas. La comunidad internacional debe seguir presionando a los países que mantienen esta práctica para que respeten las normas internacionales de derechos humanos y se unan a la creciente tendencia global de abolir la pena de muerte.